Cuidar no es debilidad.
Es empatía.
Es responsabilidad.
Es humanidad.
Cuidar también es fortaleza.
#CuidadosCuba #MtssCuba
Es empatía.
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Es humanidad.
Cuidar también es fortaleza.
#CuidadosCuba #MtssCuba
#Cuba Ante la aglomeración de personas en las sucursales bancarias en demanda principalmente de efectivo, a partir del presente mes de abril, en cuatro municipios de la capital, La Habana Vieja, Playa, Plaza de la Revolución y La Lisa, se ensayará el pago a jubilados y pensionados en centros comerciales, para de esa forma también acercarles el servicio a su área de residencia.
La noticia la ofreció, en conferencia de prensa, Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba (BCC), quien informó, además, que se está trabajando en hacer lo posible por llevar a algunos centros laborales de alta concentración de trabajadores el pago del salario en efectivo, y en tal sentido la prioridad la tendrían las instituciones de salud y otros sectores vitales.
La noticia la ofreció, en conferencia de prensa, Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba (BCC), quien informó, además, que se está trabajando en hacer lo posible por llevar a algunos centros laborales de alta concentración de trabajadores el pago del salario en efectivo, y en tal sentido la prioridad la tendrían las instituciones de salud y otros sectores vitales.
El trabajo a distancia y el teletrabajo en el Derecho Laboral cubano
Por: Yuliesky Amador Echevarria
Publicado en: Pensar el Derecho
6 abril 2026 |
La Resolución 71 de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un objetivo muy concreto dentro del sistema jurídico cubano, ordenar de manera precisa dos formas de organización laboral que en los últimos años comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia en entidades estatales y en otras estructuras de empleo subordinado. Su contenido no introduce un derecho nuevo desligado del marco anterior, sino que desarrolla posibilidades ya reconocidas por la legislación laboral cubana, particularmente desde el momento en que el Código de Trabajo permitió que empleador y trabajador pudieran acordar en el contrato el lugar donde se presta el servicio, siempre que ello no contradijera las disposiciones vigentes. A partir de esa base legal, la Resolución organiza cómo se aplican el trabajo a distancia y el teletrabajo, cuáles son sus límites, qué obligaciones nacen para cada parte y de qué manera se preservan los derechos laborales en estas condiciones.
El propio texto explica que la necesidad de esta regulación responde a ventajas sociales y económicas concretas. Esa formulación no es casual. En el diseño jurídico cubano actual, el trabajo fuera del espacio físico habitual de la entidad no se entiende como una concesión individual ni como una simple flexibilidad administrativa, sino como una forma de organización con impacto directo en el uso racional de recursos, en la continuidad de determinados servicios y en la capacidad institucional para adaptarse a procesos de informatización. Esa visión está vinculada además con el Decreto-Ley 370 sobre informatización de la sociedad, que asignó responsabilidades específicas a los ministerios de Comunicaciones y de Trabajo para impulsar el teletrabajo de manera coordinada.
La Constitución cubana ofrece el marco general que permite entender el sentido de esta norma. Cuando reconoce el trabajo como derecho, deber social y fundamento esencial de realización individual, no fija una única manera de cumplirlo. El principio constitucional protege el contenido del trabajo y la dignidad de quien lo realiza, no exclusivamente el lugar físico donde se ejecuta. Por eso el Derecho laboral necesita acompañar los cambios organizativos sin afectar garantías básicas como salario, estabilidad, protección contractual y control institucional.
Quiénes pueden acogerse y cuándo esta modalidad no resulta posible
Uno de los primeros aspectos que la Resolución aclara es su ámbito de aplicación, y lo hace de forma amplia. Se dirige a trabajadores subordinados con contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, para la ejecución de una obra o trabajo específico, y también a quienes ocupan cargos mediante designación o nombramiento. Esto significa que el legislador no limitó estas modalidades a una categoría laboral reducida, sino que las proyectó sobre prácticamente todas las relaciones de empleo subordinado donde la naturaleza de la función lo permita.
La norma también incluye expresamente a quienes trabajan con jornadas inferiores a la jornada diaria o semanal habitual y a quienes desarrollan actividades discontinuas o cíclicas. Esa precisión tiene importancia porque evita interpretar que estas modalidades solo son viables en empleos estables y de jornada completa. En realidad, el criterio decisivo no es el tipo de contrato ni la extensión horaria, sino la posibilidad real de ejecutar la labor fuera del espacio físico habitual de la entidad sin afectar el cumplimiento de la función asignada.
Por: Yuliesky Amador Echevarria
Publicado en: Pensar el Derecho
6 abril 2026 |
La Resolución 71 de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un objetivo muy concreto dentro del sistema jurídico cubano, ordenar de manera precisa dos formas de organización laboral que en los últimos años comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia en entidades estatales y en otras estructuras de empleo subordinado. Su contenido no introduce un derecho nuevo desligado del marco anterior, sino que desarrolla posibilidades ya reconocidas por la legislación laboral cubana, particularmente desde el momento en que el Código de Trabajo permitió que empleador y trabajador pudieran acordar en el contrato el lugar donde se presta el servicio, siempre que ello no contradijera las disposiciones vigentes. A partir de esa base legal, la Resolución organiza cómo se aplican el trabajo a distancia y el teletrabajo, cuáles son sus límites, qué obligaciones nacen para cada parte y de qué manera se preservan los derechos laborales en estas condiciones.
El propio texto explica que la necesidad de esta regulación responde a ventajas sociales y económicas concretas. Esa formulación no es casual. En el diseño jurídico cubano actual, el trabajo fuera del espacio físico habitual de la entidad no se entiende como una concesión individual ni como una simple flexibilidad administrativa, sino como una forma de organización con impacto directo en el uso racional de recursos, en la continuidad de determinados servicios y en la capacidad institucional para adaptarse a procesos de informatización. Esa visión está vinculada además con el Decreto-Ley 370 sobre informatización de la sociedad, que asignó responsabilidades específicas a los ministerios de Comunicaciones y de Trabajo para impulsar el teletrabajo de manera coordinada.
La Constitución cubana ofrece el marco general que permite entender el sentido de esta norma. Cuando reconoce el trabajo como derecho, deber social y fundamento esencial de realización individual, no fija una única manera de cumplirlo. El principio constitucional protege el contenido del trabajo y la dignidad de quien lo realiza, no exclusivamente el lugar físico donde se ejecuta. Por eso el Derecho laboral necesita acompañar los cambios organizativos sin afectar garantías básicas como salario, estabilidad, protección contractual y control institucional.
Quiénes pueden acogerse y cuándo esta modalidad no resulta posible
Uno de los primeros aspectos que la Resolución aclara es su ámbito de aplicación, y lo hace de forma amplia. Se dirige a trabajadores subordinados con contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, para la ejecución de una obra o trabajo específico, y también a quienes ocupan cargos mediante designación o nombramiento. Esto significa que el legislador no limitó estas modalidades a una categoría laboral reducida, sino que las proyectó sobre prácticamente todas las relaciones de empleo subordinado donde la naturaleza de la función lo permita.
La norma también incluye expresamente a quienes trabajan con jornadas inferiores a la jornada diaria o semanal habitual y a quienes desarrollan actividades discontinuas o cíclicas. Esa precisión tiene importancia porque evita interpretar que estas modalidades solo son viables en empleos estables y de jornada completa. En realidad, el criterio decisivo no es el tipo de contrato ni la extensión horaria, sino la posibilidad real de ejecutar la labor fuera del espacio físico habitual de la entidad sin afectar el cumplimiento de la función asignada.

La decisión sobre qué áreas y cargos pueden acogerse a estas formas organizativas no queda al arbitrio unilateral de una dirección administrativa. La Resolución exige que el empleador defina esas áreas conjuntamente con el sindicato correspondiente, tomando como base la estructura y plantilla aprobadas de la entidad. Además, esa determinación debe incorporarse al convenio colectivo de trabajo. Este elemento refuerza una lógica muy propia del sistema laboral cubano, donde la organización del trabajo no se separa de los mecanismos colectivos de concertación y participación.
La propia norma establece también un límite muy claro. Quedan fuera de estas modalidades aquellas actividades cuya ejecución exige presencia física para producir bienes o prestar servicios directos a la población. Aquí aparece una frontera jurídica razonable, porque no toda función laboral admite desplazamiento territorial. Existen tareas donde la materialidad del servicio o del proceso productivo hace imposible trasladar el puesto de trabajo sin alterar la esencia misma de la actividad.
Dos figuras distintas bajo un mismo marco de protección laboral
La Resolución dedica un espacio importante a distinguir trabajo a distancia y teletrabajo, precisamente porque en el lenguaje cotidiano suelen confundirse. En términos jurídicos no son equivalentes, aunque ambas formas comparten el rasgo de desarrollarse fuera del ámbito físico habitual de la entidad.
El trabajo a distancia se define como una modalidad en la que el trabajador alterna su presencia física entre la entidad, su domicilio u otras unidades. En esta forma organizativa el intercambio necesario para cumplir la actividad laboral puede depender de comunicación directa con jefes, compañeros o usuarios y no necesariamente exige un uso permanente de tecnologías de la información. Eso significa que la esencia del trabajo a distancia no está en la tecnología, sino en la distribución espacial flexible de la prestación laboral.
El teletrabajo, en cambio, tiene como rasgo central la dependencia tecnológica. La actividad se realiza sin presencia física habitual en la entidad y la comunicación laboral descansa en herramientas digitales como correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales u otros mecanismos garantizados por el empleador. La norma deja claro, sin embargo, que el uso de estas tecnologías no excluye encuentros presenciales cuando resulten necesarios.
La distinción no es puramente conceptual. Tiene consecuencias prácticas en la organización del trabajo y en las obligaciones institucionales. Precisamente por el mayor nivel de autonomía que supone el teletrabajo, la Resolución obliga al empleador a evaluar previamente si el trabajador necesita capacitación específica, si los equipos disponibles resultan adecuados, si existe conectividad suficiente y si están garantizadas condiciones de seguridad y confidencialidad en el manejo de la información.
Ese diseño revela que el legislador no asumió el teletrabajo como simple traslado de funciones hacia el domicilio del trabajador, sino como una modalidad que exige preparación técnica, infraestructura y seguimiento continuo.
El contrato laboral se adapta, pero la relación de trabajo no pierde garantías
Uno de los ejes más importantes de la Resolución está en la regulación contractual. Ninguna de estas modalidades puede operar válidamente sobre acuerdos informales o instrucciones verbales. Cuando la relación laboral nace directamente bajo trabajo a distancia o teletrabajo, el contrato inicial debe recoger sus particularidades. Si la relación ya existía en modalidad presencial, entonces debe firmarse un suplemento contractual que introduzca legalmente las modificaciones acordadas.
Ese suplemento tiene un contenido obligatorio amplio. Deben definirse atribuciones concretas, organización de tareas, objetivos de trabajo, mecanismos de control de cantidad y calidad, vías de entrega de resultados, uso de tecnologías de la información, condiciones de custodia de equipos y reglas vinculadas a la protección de información oficial, secreto técnico, secreto
La decisión sobre qué áreas y cargos pueden acogerse a estas formas organizativas no queda al arbitrio unilateral de una dirección administrativa. La Resolución exige que el empleador defina esas áreas conjuntamente con el sindicato correspondiente, tomando como base la estructura y plantilla aprobadas de la entidad. Además, esa determinación debe incorporarse al convenio colectivo de trabajo. Este elemento refuerza una lógica muy propia del sistema laboral cubano, donde la organización del trabajo no se separa de los mecanismos colectivos de concertación y participación.
La propia norma establece también un límite muy claro. Quedan fuera de estas modalidades aquellas actividades cuya ejecución exige presencia física para producir bienes o prestar servicios directos a la población. Aquí aparece una frontera jurídica razonable, porque no toda función laboral admite desplazamiento territorial. Existen tareas donde la materialidad del servicio o del proceso productivo hace imposible trasladar el puesto de trabajo sin alterar la esencia misma de la actividad.
Dos figuras distintas bajo un mismo marco de protección laboral
La Resolución dedica un espacio importante a distinguir trabajo a distancia y teletrabajo, precisamente porque en el lenguaje cotidiano suelen confundirse. En términos jurídicos no son equivalentes, aunque ambas formas comparten el rasgo de desarrollarse fuera del ámbito físico habitual de la entidad.
El trabajo a distancia se define como una modalidad en la que el trabajador alterna su presencia física entre la entidad, su domicilio u otras unidades. En esta forma organizativa el intercambio necesario para cumplir la actividad laboral puede depender de comunicación directa con jefes, compañeros o usuarios y no necesariamente exige un uso permanente de tecnologías de la información. Eso significa que la esencia del trabajo a distancia no está en la tecnología, sino en la distribución espacial flexible de la prestación laboral.
El teletrabajo, en cambio, tiene como rasgo central la dependencia tecnológica. La actividad se realiza sin presencia física habitual en la entidad y la comunicación laboral descansa en herramientas digitales como correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales u otros mecanismos garantizados por el empleador. La norma deja claro, sin embargo, que el uso de estas tecnologías no excluye encuentros presenciales cuando resulten necesarios.
La distinción no es puramente conceptual. Tiene consecuencias prácticas en la organización del trabajo y en las obligaciones institucionales. Precisamente por el mayor nivel de autonomía que supone el teletrabajo, la Resolución obliga al empleador a evaluar previamente si el trabajador necesita capacitación específica, si los equipos disponibles resultan adecuados, si existe conectividad suficiente y si están garantizadas condiciones de seguridad y confidencialidad en el manejo de la información.
Ese diseño revela que el legislador no asumió el teletrabajo como simple traslado de funciones hacia el domicilio del trabajador, sino como una modalidad que exige preparación técnica, infraestructura y seguimiento continuo.
El contrato laboral se adapta, pero la relación de trabajo no pierde garantías
Uno de los ejes más importantes de la Resolución está en la regulación contractual. Ninguna de estas modalidades puede operar válidamente sobre acuerdos informales o instrucciones verbales. Cuando la relación laboral nace directamente bajo trabajo a distancia o teletrabajo, el contrato inicial debe recoger sus particularidades. Si la relación ya existía en modalidad presencial, entonces debe firmarse un suplemento contractual que introduzca legalmente las modificaciones acordadas.
Ese suplemento tiene un contenido obligatorio amplio. Deben definirse atribuciones concretas, organización de tareas, objetivos de trabajo, mecanismos de control de cantidad y calidad, vías de entrega de resultados, uso de tecnologías de la información, condiciones de custodia de equipos y reglas vinculadas a la protección de información oficial, secreto técnico, secreto
comercial y seguridad informática. También deben fijarse términos para la entrega de resultados de modo que la planificación laboral no interfiera con el tiempo de descanso del trabajador.
Ese último aspecto tiene especial relevancia porque introduce un principio de equilibrio temporal en modalidades donde fácilmente puede diluirse la frontera entre jornada laboral y tiempo personal. Aunque la norma no utiliza expresiones doctrinales como desconexión digital, sí protege indirectamente la necesidad de que el trabajo no invada ilimitadamente el espacio de descanso.
La Resolución también protege expresamente el principio de igualdad salarial. Quien trabaja a distancia o en teletrabajo recibe igual retribución que quien presta servicios presencialmente, conforme al sistema de pago vigente en la entidad. La diferencia solo aparece en aquellos elementos inseparables del trabajo presencial, como determinadas exigencias de puntualidad física, asistencia material o trabajo extraordinario bajo condiciones específicas.
Desde la perspectiva constitucional esto responde directamente al principio de igualdad y al mandato de remuneración conforme a cantidad y calidad del trabajo realizado. La forma organizativa no puede convertirse en fundamento para reducir derechos salariales.
Tecnología, responsabilidad material y control institucional del resultado
La Resolución dedica un capítulo completo a la infraestructura tecnológica porque reconoce que sin medios adecuados estas modalidades no pueden sostenerse jurídicamente ni funcionar de manera eficiente. La regla general es que los dispositivos, medios informáticos y conectividad deben ser garantizados por el empleador. Cuando esos equipos forman parte del patrimonio de la entidad, su entrega exige formalizar actas de responsabilidad material.
Si los medios utilizados pertenecen al trabajador, la obligación institucional no desaparece. El empleador sigue obligado a garantizar mantenimiento y conectividad necesaria para el desarrollo de la labor. Esa previsión evita trasladar automáticamente todos los costos tecnológicos al trabajador, algo que habría generado desequilibrio contractual.
Junto al derecho de uso aparece una responsabilidad clara. El trabajador debe proteger los equipos bajo su custodia, cumplir rigurosamente las normas sobre información oficial y seguridad informática, actuar con veracidad respecto a resultados de trabajo y participar en entrenamientos o cursos cuando se le indiquen. Si se producen daños en medios bajo su custodia, puede exigirse responsabilidad material conforme a la legislación específica aplicable.
En cuanto al control, la Resolución modifica el eje tradicional de supervisión laboral. El empleador ya no controla principalmente presencia física, sino cumplimiento del plan de trabajo, objetivos alcanzados, cantidad y calidad del resultado, conocimientos del trabajador y dominio de herramientas tecnológicas. Esa orientación desplaza el centro de control hacia el rendimiento verificable.
El jefe inmediato debe integrar esta modalidad a su planificación anual o al período correspondiente, con desglose mensual, de forma que el desempeño individual siga tributando a los objetivos estratégicos de la entidad. Además, si cambian las condiciones inicialmente pactadas, corresponde formalizar un nuevo suplemento contractual sin necesidad de extinguir la relación laboral existente.
En términos generales, esta Resolución confirma una dirección clara del Derecho laboral cubano contemporáneo, admitir nuevas formas organizativas sin abandonar la estructura protectora clásica de la relación laboral. La tecnología aparece como instrumento, no como sustituto de garantías. Y el contrato sigue siendo el punto donde deben quedar claras responsabilidades, límites y derechos, incluso cuando el trabajo ya no se realiza dentro de las paredes habituales de la entidad.
Ese último aspecto tiene especial relevancia porque introduce un principio de equilibrio temporal en modalidades donde fácilmente puede diluirse la frontera entre jornada laboral y tiempo personal. Aunque la norma no utiliza expresiones doctrinales como desconexión digital, sí protege indirectamente la necesidad de que el trabajo no invada ilimitadamente el espacio de descanso.
La Resolución también protege expresamente el principio de igualdad salarial. Quien trabaja a distancia o en teletrabajo recibe igual retribución que quien presta servicios presencialmente, conforme al sistema de pago vigente en la entidad. La diferencia solo aparece en aquellos elementos inseparables del trabajo presencial, como determinadas exigencias de puntualidad física, asistencia material o trabajo extraordinario bajo condiciones específicas.
Desde la perspectiva constitucional esto responde directamente al principio de igualdad y al mandato de remuneración conforme a cantidad y calidad del trabajo realizado. La forma organizativa no puede convertirse en fundamento para reducir derechos salariales.
Tecnología, responsabilidad material y control institucional del resultado
La Resolución dedica un capítulo completo a la infraestructura tecnológica porque reconoce que sin medios adecuados estas modalidades no pueden sostenerse jurídicamente ni funcionar de manera eficiente. La regla general es que los dispositivos, medios informáticos y conectividad deben ser garantizados por el empleador. Cuando esos equipos forman parte del patrimonio de la entidad, su entrega exige formalizar actas de responsabilidad material.
Si los medios utilizados pertenecen al trabajador, la obligación institucional no desaparece. El empleador sigue obligado a garantizar mantenimiento y conectividad necesaria para el desarrollo de la labor. Esa previsión evita trasladar automáticamente todos los costos tecnológicos al trabajador, algo que habría generado desequilibrio contractual.
Junto al derecho de uso aparece una responsabilidad clara. El trabajador debe proteger los equipos bajo su custodia, cumplir rigurosamente las normas sobre información oficial y seguridad informática, actuar con veracidad respecto a resultados de trabajo y participar en entrenamientos o cursos cuando se le indiquen. Si se producen daños en medios bajo su custodia, puede exigirse responsabilidad material conforme a la legislación específica aplicable.
En cuanto al control, la Resolución modifica el eje tradicional de supervisión laboral. El empleador ya no controla principalmente presencia física, sino cumplimiento del plan de trabajo, objetivos alcanzados, cantidad y calidad del resultado, conocimientos del trabajador y dominio de herramientas tecnológicas. Esa orientación desplaza el centro de control hacia el rendimiento verificable.
El jefe inmediato debe integrar esta modalidad a su planificación anual o al período correspondiente, con desglose mensual, de forma que el desempeño individual siga tributando a los objetivos estratégicos de la entidad. Además, si cambian las condiciones inicialmente pactadas, corresponde formalizar un nuevo suplemento contractual sin necesidad de extinguir la relación laboral existente.
En términos generales, esta Resolución confirma una dirección clara del Derecho laboral cubano contemporáneo, admitir nuevas formas organizativas sin abandonar la estructura protectora clásica de la relación laboral. La tecnología aparece como instrumento, no como sustituto de garantías. Y el contrato sigue siendo el punto donde deben quedar claras responsabilidades, límites y derechos, incluso cuando el trabajo ya no se realiza dentro de las paredes habituales de la entidad.
Una norma llamada a consolidarse
La importancia de esta Resolución también está en que fija un marco estable para modalidades de trabajo que previsiblemente continuarán ampliando su presencia en distintos sectores de la vida laboral cubana. Su valor no reside solo en ordenar una práctica ya existente, sino en ofrecer seguridad jurídica allí donde la organización del trabajo exige hoy respuestas más flexibles.
En adelante, buena parte de su efectividad dependerá de cómo cada entidad logre aplicar estas reglas con equilibrio, de manera que la incorporación de nuevas formas de trabajo contribuya a la eficiencia institucional sin afectar derechos laborales ni debilitar las garantías que distinguen al sistema jurídico cubano.
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La importancia de esta Resolución también está en que fija un marco estable para modalidades de trabajo que previsiblemente continuarán ampliando su presencia en distintos sectores de la vida laboral cubana. Su valor no reside solo en ordenar una práctica ya existente, sino en ofrecer seguridad jurídica allí donde la organización del trabajo exige hoy respuestas más flexibles.
En adelante, buena parte de su efectividad dependerá de cómo cada entidad logre aplicar estas reglas con equilibrio, de manera que la incorporación de nuevas formas de trabajo contribuya a la eficiencia institucional sin afectar derechos laborales ni debilitar las garantías que distinguen al sistema jurídico cubano.
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👩🏽💻🏠 El trabajo a distancia y el teletrabajo en el Derecho Laboral cubano
En el diseño jurídico cubano actual, el trabajo fuera del espacio físico habitual de la entidad no se entiende como una concesión individual ni como una simple flexibilidad administrativa, sino como una forma de organización con impacto directo en el uso racional de recursos, en la continuidad de determinados servicios y en la capacidad institucional para adaptarse a procesos de informatización.
Se dirige a trabajadores subordinados con contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, para la ejecución de una obra o trabajo específico, y también a quienes ocupan cargos mediante designación o nombramiento.
En el diseño jurídico cubano actual, el trabajo fuera del espacio físico habitual de la entidad no se entiende como una concesión individual ni como una simple flexibilidad administrativa, sino como una forma de organización con impacto directo en el uso racional de recursos, en la continuidad de determinados servicios y en la capacidad institucional para adaptarse a procesos de informatización.
Se dirige a trabajadores subordinados con contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, para la ejecución de una obra o trabajo específico, y también a quienes ocupan cargos mediante designación o nombramiento.
El cuidado también se mueve contigo.
Ceder un asiento.
Ayudar al subir.
Respetar.
Pequeños gestos, gran impacto.
#CuidadosCuba #MtssCuba
Ceder un asiento.
Ayudar al subir.
Respetar.
Pequeños gestos, gran impacto.
#CuidadosCuba #MtssCuba
El Día del Trabajador de la Industria Pesquera se celebra en Cuba cada 8 de abril desde 1972, en conmemoración de la constitución del Sindicato Nacional del sector en la CTC Nacional. Destaca la labor de los trabajadores del sector pesquero y acuícola en la producción de alimentos.
Muchas felicidades.
#Cuba #MtssCuba
Muchas felicidades.
#Cuba #MtssCuba
Nuevo decreto para unidades presupuestadas otorga mayor flexibilización en su sistema de gestión.
Por: Oscar Figueredo Reinaldo
8 abril 2026
Este miércoles fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto 127 de las instituciones presupuestadas, junto a un grupo de normas jurídicas complementarias emitidas por los ministerios de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación, que flexibilizan la gestión de este sector y trazan las bases para su transformación integral en función de una mayor eficiencia económica y social.
Las disposiciones responden al Programa de Gobierno de la economía en 2026, con el objetivo de implementar el redimensionamiento de la administración central del Estado y perfeccionar el funcionamiento de las unidades presupuestadas.
De acuerdo con Berta Iris Rojas Gatorno, directora de políticas financieras del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), se trata de “una medida de alto impacto” que alcanza a todos los organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales presupuestadas y administraciones locales del Poder Popular, así como a sus estructuras subordinadas y adscritas.
“Estamos hablando de un alcance de alrededor de 2 443 unidades presupuestadas en el país que agrupan más del 50% de la fuerza laboral activa en este sector”, precisó.
Un redimensionamiento necesario del aparato estatal
La funcionaria explicó que, desde la perspectiva del Estado, estas normas persiguen reorganizar la estructura de la administración pública, elevar la eficiencia en los niveles de dirección de la economía y reducir la carga que representa el sostenimiento de gastos administrativos para el presupuesto estatal.
Entre los objetivos centrales se encuentra también la reducción de cargos no vinculados directamente a la función específica de las entidades, así como el avance hacia una gestión más racional de los recursos humanos.
“Desde el punto de vista social, queremos buscar una mayor eficiencia en los recursos humanos que tribute a un justo reconocimiento laboral y a una mayor remuneración para este sector”, señaló.
A nivel territorial, el perfeccionamiento apunta a fortalecer el papel de las unidades presupuestadas en la implementación de las estrategias de desarrollo local.
Definición jurídica y nuevas reglas del juego
Uno de los elementos más relevantes del Decreto 127 es que, por primera vez, se establece una definición jurídica para el sector presupuestado, al tiempo que se otorga personalidad jurídica a la gestión financiera de las entidades, en correspondencia con la Constitución de la República.
“Ante este decreto no existía una definición jurídica para este sector presupuestado y se otorga personalidad jurídica a la gestión financiera de las administraciones centrales del Estado”, subrayó Rojas Gatorno.
Asimismo, se reorganiza el proceso de creación, fusión, extinción y traspaso de unidades presupuestadas, que a partir de la entrada en vigor de la norma —30 días después de su publicación— será aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios.
Esto implica un cambio significativo respecto al esquema anterior, en el que estas decisiones eran competencia del Ministerio de Economía y Planificación. “Esta actividad presupuestada sale del Ministerio de Economía y viene al Ministerio de Finanzas y Precios”, explicó la directiva.
Más autonomía: actividades autofinanciadas y facultades descentralizadas
El nuevo marco normativo concede mayores facultades a los jefes de organismos para la aprobación de actividades autofinanciadas, descentralizando una atribución que antes estaba concentrada en el Ministerio de Finanzas y Precios.
“Las unidades presupuestadas pueden realizar actividades autofinanciadas sin requerir financiamiento del presupuesto del Estado y sin que ello constituya un cambio de estructura”, explicó Rojas Gatorno.
Por: Oscar Figueredo Reinaldo
8 abril 2026
Este miércoles fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto 127 de las instituciones presupuestadas, junto a un grupo de normas jurídicas complementarias emitidas por los ministerios de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación, que flexibilizan la gestión de este sector y trazan las bases para su transformación integral en función de una mayor eficiencia económica y social.
Las disposiciones responden al Programa de Gobierno de la economía en 2026, con el objetivo de implementar el redimensionamiento de la administración central del Estado y perfeccionar el funcionamiento de las unidades presupuestadas.
De acuerdo con Berta Iris Rojas Gatorno, directora de políticas financieras del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), se trata de “una medida de alto impacto” que alcanza a todos los organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales presupuestadas y administraciones locales del Poder Popular, así como a sus estructuras subordinadas y adscritas.
“Estamos hablando de un alcance de alrededor de 2 443 unidades presupuestadas en el país que agrupan más del 50% de la fuerza laboral activa en este sector”, precisó.
Un redimensionamiento necesario del aparato estatal
La funcionaria explicó que, desde la perspectiva del Estado, estas normas persiguen reorganizar la estructura de la administración pública, elevar la eficiencia en los niveles de dirección de la economía y reducir la carga que representa el sostenimiento de gastos administrativos para el presupuesto estatal.
Entre los objetivos centrales se encuentra también la reducción de cargos no vinculados directamente a la función específica de las entidades, así como el avance hacia una gestión más racional de los recursos humanos.
“Desde el punto de vista social, queremos buscar una mayor eficiencia en los recursos humanos que tribute a un justo reconocimiento laboral y a una mayor remuneración para este sector”, señaló.
A nivel territorial, el perfeccionamiento apunta a fortalecer el papel de las unidades presupuestadas en la implementación de las estrategias de desarrollo local.
Definición jurídica y nuevas reglas del juego
Uno de los elementos más relevantes del Decreto 127 es que, por primera vez, se establece una definición jurídica para el sector presupuestado, al tiempo que se otorga personalidad jurídica a la gestión financiera de las entidades, en correspondencia con la Constitución de la República.
“Ante este decreto no existía una definición jurídica para este sector presupuestado y se otorga personalidad jurídica a la gestión financiera de las administraciones centrales del Estado”, subrayó Rojas Gatorno.
Asimismo, se reorganiza el proceso de creación, fusión, extinción y traspaso de unidades presupuestadas, que a partir de la entrada en vigor de la norma —30 días después de su publicación— será aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios.
Esto implica un cambio significativo respecto al esquema anterior, en el que estas decisiones eran competencia del Ministerio de Economía y Planificación. “Esta actividad presupuestada sale del Ministerio de Economía y viene al Ministerio de Finanzas y Precios”, explicó la directiva.
Más autonomía: actividades autofinanciadas y facultades descentralizadas
El nuevo marco normativo concede mayores facultades a los jefes de organismos para la aprobación de actividades autofinanciadas, descentralizando una atribución que antes estaba concentrada en el Ministerio de Finanzas y Precios.
“Las unidades presupuestadas pueden realizar actividades autofinanciadas sin requerir financiamiento del presupuesto del Estado y sin que ello constituya un cambio de estructura”, explicó Rojas Gatorno.
Estas actividades deberán cumplir con sus obligaciones fiscales y planificar aportes al presupuesto estatal, contribuyendo así a una mayor sostenibilidad financiera del sector.
El propósito, subrayó, es “lograr una mayor productividad e ingresos en el sector presupuestado que mejore la prestación de servicios y las actividades productivas y comerciales”.
Unidades con tratamiento especial: más cerca del sistema empresarial
Las normas refuerzan el papel de las unidades presupuestadas con tratamiento especial, a las que se les otorgan mayores niveles de autonomía financiera y de gestión.
Estas podrán generar utilidades, crear reservas al cierre del ejercicio económico y disponer de ellas en función de su desarrollo, incluyendo reservas para responsabilidad social, vivienda o reaprovisionamiento.
“Estamos logrando una estabilidad, una igualdad entre el sector presupuestado y el sector empresarial estatal”, afirmó la funcionaria.
En ese sentido, destacó que estas entidades podrán determinar su sistema salarial y, en función de su desempeño, incluso transitar hacia la condición de empresa estatal socialista.
No obstante, aclaró que este tratamiento no es aplicable a sectores de alto impacto social como la salud y la educación, sino a actividades que pueden autofinanciarse, como determinados registros y servicios especializados.
El decreto también garantiza un proceso más ordenado en la creación de unidades presupuestadas, las cuales —subrayó— “son propiedad de todo el pueblo”.
A partir de su entrada en vigor, toda nueva creación, fusión o extinción deberá ser evaluada y aprobada por el Consejo de Ministros, lo que refuerza el control y la coherencia en la organización del sector.
Además, el Ministerio de Finanzas y Precios mantiene la facultad de otorgar tratamientos especiales a determinadas unidades, en función de sus características y desempeño.
Racionalidad, estructuras más planas y eficiencia laboral
Por su parte, Guillermo Sarmiento Cabaras, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señaló que el decreto establece un marco regulatorio integral para el funcionamiento de la actividad presupuestada.
“Estamos en presencia de una disposición jurídica que establece el marco regulatorio general para el funcionamiento de la actividad presupuestada”, afirmó.
En el ámbito laboral, destacó la necesidad de lograr una mayor racionalidad en el uso de los recursos humanos, promoviendo estructuras organizativas más planas, ágiles y transparentes.
“Cuando se diseña la estructura y la plantilla de cargos de una unidad presupuestada tiene que ser con racionalidad”, explicó.
Como parte de este enfoque, se establece que los cargos no vinculados a la actividad específica no deben superar el 30% del total, lo que busca reducir estructuras sobredimensionadas y elevar la eficiencia.
Asimismo, se definen con claridad las actividades específicas en función del tipo de entidad —servicios, regulación y control, o apoyo—, lo cual permite una mejor organización del trabajo en sectores como educación y salud.
Nuevas facultades salariales y estímulos al trabajo
Uno de los aspectos más novedosos es la ampliación de las facultades en materia salarial y de incentivos.
En tanto, aquellas que no se autofinancien completamente podrán implementar sistemas de pago para todos sus trabajadores, eliminando restricciones anteriores que limitaban estos incentivos solo a quienes participaban directamente en la producción.
“Se rompe ese límite y abarca a todos los trabajadores”, subrayó Sarmiento Cabaras.
Además, las actividades autofinanciadas dentro de unidades presupuestadas tradicionales también podrán aplicar sistemas de pago a sus trabajadores, lo cual “es nuevo, es novedoso” y contribuirá a incrementar los ingresos.
El propósito, subrayó, es “lograr una mayor productividad e ingresos en el sector presupuestado que mejore la prestación de servicios y las actividades productivas y comerciales”.
Unidades con tratamiento especial: más cerca del sistema empresarial
Las normas refuerzan el papel de las unidades presupuestadas con tratamiento especial, a las que se les otorgan mayores niveles de autonomía financiera y de gestión.
Estas podrán generar utilidades, crear reservas al cierre del ejercicio económico y disponer de ellas en función de su desarrollo, incluyendo reservas para responsabilidad social, vivienda o reaprovisionamiento.
“Estamos logrando una estabilidad, una igualdad entre el sector presupuestado y el sector empresarial estatal”, afirmó la funcionaria.
En ese sentido, destacó que estas entidades podrán determinar su sistema salarial y, en función de su desempeño, incluso transitar hacia la condición de empresa estatal socialista.
No obstante, aclaró que este tratamiento no es aplicable a sectores de alto impacto social como la salud y la educación, sino a actividades que pueden autofinanciarse, como determinados registros y servicios especializados.
El decreto también garantiza un proceso más ordenado en la creación de unidades presupuestadas, las cuales —subrayó— “son propiedad de todo el pueblo”.
A partir de su entrada en vigor, toda nueva creación, fusión o extinción deberá ser evaluada y aprobada por el Consejo de Ministros, lo que refuerza el control y la coherencia en la organización del sector.
Además, el Ministerio de Finanzas y Precios mantiene la facultad de otorgar tratamientos especiales a determinadas unidades, en función de sus características y desempeño.
Racionalidad, estructuras más planas y eficiencia laboral
Por su parte, Guillermo Sarmiento Cabaras, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señaló que el decreto establece un marco regulatorio integral para el funcionamiento de la actividad presupuestada.
“Estamos en presencia de una disposición jurídica que establece el marco regulatorio general para el funcionamiento de la actividad presupuestada”, afirmó.
En el ámbito laboral, destacó la necesidad de lograr una mayor racionalidad en el uso de los recursos humanos, promoviendo estructuras organizativas más planas, ágiles y transparentes.
“Cuando se diseña la estructura y la plantilla de cargos de una unidad presupuestada tiene que ser con racionalidad”, explicó.
Como parte de este enfoque, se establece que los cargos no vinculados a la actividad específica no deben superar el 30% del total, lo que busca reducir estructuras sobredimensionadas y elevar la eficiencia.
Asimismo, se definen con claridad las actividades específicas en función del tipo de entidad —servicios, regulación y control, o apoyo—, lo cual permite una mejor organización del trabajo en sectores como educación y salud.
Nuevas facultades salariales y estímulos al trabajo
Uno de los aspectos más novedosos es la ampliación de las facultades en materia salarial y de incentivos.
Las unidades presupuestadas con tratamiento especial que se autofinancien totalmente podrán diseñar su propia organización salarial, sin estar sujetas a la escala general vigente en el sector presupuestado.
En tanto, aquellas que no se autofinancien completamente podrán implementar sistemas de pago para todos sus trabajadores, eliminando restricciones anteriores que limitaban estos incentivos solo a quienes participaban directamente en la producción.
“Se rompe ese límite y abarca a todos los trabajadores”, subrayó Sarmiento Cabaras.
Además, las actividades autofinanciadas dentro de unidades presupuestadas tradicionales también podrán aplicar sistemas de pago a sus trabajadores, lo cual “es nuevo, es novedoso” y contribuirá a incrementar los ingresos.
Papel de los trabajadores y sus organizaciones
Las normas también reconocen el papel de las organizaciones sindicales en su implementación. En particular, se destaca la responsabilidad de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la discusión y aplicación de mecanismos como la creación y uso de reservas.
Se mantienen, además, los reglamentos existentes para la empresa estatal en lo relativo a la gestión de utilidades y reservas, adaptados a las características del sector presupuestado.
El paquete normativo entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, y establece un plazo de hasta un año para su implementación y ajuste en todos los organismos y territorios.
Durante ese período, las entidades deberán reorganizar sus estructuras, redefinir sus plantillas y proponer al Ministerio de Finanzas y Precios aquellas unidades susceptibles de tratamiento especial o de transformación.
En su conjunto, estas disposiciones marcan un paso significativo en el perfeccionamiento del sector presupuestado cubano, en función de una administración pública más eficiente, transparente y orientada a resultados, con impacto directo en la calidad de los servicios y en el bienestar de los trabajadores.
Las normas también reconocen el papel de las organizaciones sindicales en su implementación. En particular, se destaca la responsabilidad de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la discusión y aplicación de mecanismos como la creación y uso de reservas.
Se mantienen, además, los reglamentos existentes para la empresa estatal en lo relativo a la gestión de utilidades y reservas, adaptados a las características del sector presupuestado.
El paquete normativo entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, y establece un plazo de hasta un año para su implementación y ajuste en todos los organismos y territorios.
Durante ese período, las entidades deberán reorganizar sus estructuras, redefinir sus plantillas y proponer al Ministerio de Finanzas y Precios aquellas unidades susceptibles de tratamiento especial o de transformación.
En su conjunto, estas disposiciones marcan un paso significativo en el perfeccionamiento del sector presupuestado cubano, en función de una administración pública más eficiente, transparente y orientada a resultados, con impacto directo en la calidad de los servicios y en el bienestar de los trabajadores.
El cuidado también está en la calle.
En la parada.
En casa gesto.
Cuidar también es convivir.
#CuidadosCuba #MtssCuba
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